Golpe de Estado Judicial

 

A quien caminaba con las rodillas juntas y los pies separados los antiguos romanos les llamaban varus. De ahí el término pasó a ser varicus. Cuando alguien andaba de esa guisa, con los pies separados en forma de equis o las piernas arqueadas, como John Wayne y Michael Cane,  o Clit Eastwood y Charles Chaplin, entonces se decía de ellos que praevaricari, es decir, que se torcían al andar y que les era imposible mantener la línea recta en el paso.

Después, el término o la expresión pasó a definir en las tareas del campo el surco irregular producido por un uso del arado poco hábil. Es decir, si los romanos veían un campo arado con más curvas que la carretera de Sa colebra decían de él, y por extensión de quien lo trabajaba, que había praevaricari

El término y lo que señalaba tenía todos los números para evolucionar y convertirse en metáfora moral de todo aquel que no actuaba de modo apropiado en sus profesiones o en el ejercicio de sus funciones, de todo aquel que se salía del camino de recto.

El diccionario de la Real Academia es muy escueto al respecto. De las cuatro acepciones que recoge para el verbo prevaricar, no hay ninguna de ellas que indiquen que el término es específico del ámbito judicial.  Es más, indica que en su sentido coloquial prevaricar es sinónimo de desvariar.

Hay que ir a la definición del sustantivo prevaricación para advertir  un único significado relacionado con un delito cometido en el ejercicio de funciones judiciales, a saber, “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”

Parece ser que en la antigua Roma, la prevaricación consistía en delito cometido por el fiscal con respecto al acusado, con el que llegaba a pactar la absolución o la retirada de los cargos a cambios de un soborno. Si se les descubría, se les sometía a infamia, es decir, a la pérdida de derechos políticos, del honor y de su reputación social.

Ya en la Edad Media, según recogen el libro de Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, el juez sorprendido en prevaricación era desterrado, desposeído de sus bienes, inhabilitado.

En España, según he podido averiguar, existió durante siglos el llamado Juicio de Residencia, un procedimiento judicial y administrativo obligatorio gracias al cual todo funcionario público era sometido a investigación detallada cuando terminaba su mandato. Si el interfecto salía bien parado del proceso, se le ascendía; en caso contrario, se le desposeía, desterraba e inhabilitaba.

Hoy día, sólo la célebre Sala Segunda de lo penal del Tribunal Superior de Justicia – la de la famosa puerta en la rebotica, con entrada VIP para el PP- puede juzgar por caminar torcidos a los magistrados de la Audiencia Nacional o del mismo tribunal Superior de Justicia.

El dicho Tribunal Supremo define el delito de prevaricación como propio de “técnicos en derecho”, que es algo así como decir que un médico no es médico cuando comete negligencia en el ejercicio de su profesión, sino nada más que un técnico sanitario, o que un árbitro señalando como penalti un piscinazo de libro es en realidad un técnico futbolístico.

Según los artículos 446 y 447 del código penal, un “técnico en derecho” comete injusticia cuando sus resoluciones están basadas únicamente en el mero capricho, voluntad o interés personal del juzgador, rompiendo con los métodos válidos de interpretación de la ley. También, si no existe ninguna teoría, doctrina o línea jurisprudencial razonable que pueda avalar la decisión del juez, o en el caso de que la ilegalidad sea tan evidente, grosera y flagrante que resulte insostenible para cualquier “técnico en derecho”.

Según esos mismos artículos, las penas para los “técnicos en derecho” patizambos van de entre uno y cuatro años de prisión o, entre diez y veinte de inhabilitación, como le sucedió al juez Garzón, al que condenaron a once por perseguir a los empresarios y políticos corruptos de la trama Gürtel.

El comité de Derechos Humanos de la ONU denunció la imparcialidad del proceso llevado a cabo, entre otros, por los “técnicos en derecho” Marchena (protagonista del famoso watsap , en el que el diputado Cusidó, del PP, celebraba que con él controlaban la sala segunda por la puerta de atrás); Colmenero (colaborador de FAES), o Barreiro (el instructor del caso de los ERE). De modo que, según la ONU, la prevaricación más bien resultaba ser a la inversa. Prevaricaron para demostrar una prevaricación. Prevaricando, que es gerundio.

Cabe señalar que la pena máxima de prisión para un juez es de cuatro años y sólo cuando la sentencia, ejecutada o no, haya sido muy grave. 

El Consejo General del Poder Judicial no es muy transparente a este respecto. En sus anuarios estadísticos no podemos encontrar indicadores sobre los delitos de prevaricación concretos, ya que engloba a todos ellos en el epígrafe “Delitos contra la administración de justicia”

Según informe de la Organización Española Contracorrupción, a la luz de las sentencias es prácticamente imposible que un juez no sea honrado porque el 98% de las causas que se presentan contra ellos nunca llegan a juicio.  Según la judicatura, sólo un 0,00000014% de las sentencias que se dictan al año son consideradas como prevaricadoras. Esta asociación afirma que “es muchísimo más fácil que nos toque 10 veces seguidas el premio gordo de la lotería que un juez actúe de forma manifiestamente injusta en una resolución. Esto es lo que la realidad estadística nos está contando”

El poder ejecutivo, legislativo y judicial y la independencia recíproca entre los tres sostienen un estado de derecho en una democracia. Si cualquiera de alguno de esos tres poderes interviene activa, torticera y contumazmente en alguno de los otros dos, de tal manera que modifique o pervierta su naturaleza afectando con ello la soberanía de los ciudadanos, se produciría la ruptura o el colapso de la democracia.

El país que sufriese ese golpe no podría seguir llamándose democrático, porque se convertiría en un país donde la prevaricación perpetrada por determinados individuos, inspirados por terceros, derogaría la voluntad popular representada en el parlamento.

Es decir, estaríamos ante una involución reaccionaria, resultado de un golpe de Estado producido por altas instancias judiciales en connivencia con determinados actores políticos. El país que experimentase tal proceso dejaría de ser democrático y se convertiría en una nación sometida al arbitrio de una cuadrilla de golpistas que atienden a intereses espurios.

Ha ocurrido en otros países, y muy recientemente. El presidente Luis Inacio Lula da Silva y la democracia brasileña fueron sus víctimas. Puede volver a ocurrir, o quizás ya esté ocurriendo, en España, por ejemplo.