Alta traición

Hubo un tiempo en el que a los ciudadanos a los que se les descubría trapicheando con información sensible de las naciones -ya fuese de la suya propia, de otra, o de las dos hacia una tercera... qué más daba si la bolsa era abultada- el susodicho o susodicha acababa ante un juez acusado de alta traición y posteriormente colgado de una soga, fusilado, o con un nudo de corbata, bien ajustado al cuello, al estilo Guillotine.

En el mundo de la empresa privada sucede tres cuartos de lo mismo. Las grandes multinacionales reservan una jugosa parte de sus presupuestos para hacerse con los secretos tecnológicos de la competencia, con su fuente de materia prima o sencillamente, con su próxima tarifa de precios. También se destina pasta gansa, por supuesto, para costear su servicio de contraespionaje, porque si lo hago yo, el otro no es manco. De manera que es fácil imaginar que en este negociete de confidencias al detalle y al por mayor no hay más reglas que las del mercado y a quien enganchan con las manos en la masa está jodido, bien jodido. Aquí no hay juicios que valgan: un buen accidente y a otra cosa, mariposa.

En lo que respecta a cuestiones empresariales, todo sigue igual. Ya se sabe: no es nada personal, solamente son negocios, y a las empresas mejor las dejamos tranquilitas, que ellas solas se regulan y saben lo que se hacen. Sin embargo, en lo que toca a las cuestiones de Estado, aunque cueste creerlo, las cosas cambian, y La Historia evoluciona. Hemos aprendido la hostia y ahora resolvemos los problemas de un modo mucho más efectivo, sin traumas nacionales, ni juicios sumarísimos y por supuesto, sin penas capitales, estaríamos buenos.

Kim Philbi, Mata Hari, Virginia Oldini, Burges, Hiss, Fuchs, Romeo, o hasta el mismísimo Galíndez ya forman parte de la historia de los dos últimos siglos. Hoy día estos audaces personajes habrían trabajado en el mismo sector pero con casco y arneses, es decir, con seguridad. O lo que es lo mismo, estarían al servicio de las grandes corporaciones financieras, que es donde siempre se ha cocido La Historia. Los llamados cabilderos americanos, los agentes de las agencias de rating, los brokes de bolsa, los directores de bancos, banquitos, cajas y cajitas; los secretarios de estado de economía, los directores de los bancos nacionales y continentales, los catedráticos de economía de las universidades ‘top ten’, los directores de agencias de seguros… o sea, todo el entramado global económico financiero no productivo que gana los millones de dólares cada día igual que si fuesen al río de noche a pescar cangrejos a mano, basa su negocio en la compra y venta de información, en la compra y venta de confianzas y voluntades, en colar mentiras o hacerse con soplos de la más alta sensibilidad para las economías de los países y, por extensión para los hombres y mujeres que los habitan.

Pero como nuestras democracias occidentales son muy racionales, reflexivas, civilizadas y la mar de listas, hemos pensado que en lugar de legislar y tipificar estas prácticas en el código penal como ‘alta traición’, con penas que acojonen un poquito al personal, lo mejor es que seamos responsables, maduros, que actuemos con serenidad y así, en cumplimiento del mandato de los españoles, reformemos La Constitución a golpe de decreto canicular con el fin patriótico de que a cualquier político español le sea del todo imposible cometer la tropelía de gastarse más de lo que ingresamos, aunque sean necesarios médicos, hospitales, maestros, colegios, universidades, investigadores, carreteras, subvenciones y todo tipo de ayudas.

Eso sí, habrá que redactar una disposición en alguno de los puntos del nuevo artículo en el que se especifique que, en el caso de quiebra o agujero del copón de alguna/as entidad/des financiera/as, el Estado proveerá de la liquidez necesaria, sea cual fuere el motivo, esté como esté la caja del tesoro e independientemente del nivel de déficit que en esos momentos sufra el país. Más que nada para no llevar a nadie a engaño y hacer las cosas con la máxima transparencia posible, como es el deseo de esta cámara y por ende, de la soberanía popular. Es más: los españoles y las españolas pueden estar absolutamente convencidos de que el cumplimiento de esta nueva norma de nuestra Carta Magna será imperativo, de que caerá todo el peso de la ley sobre quienes la incumplan, lo cual -que a nadie le quepa ninguna duda- llevará a la nación a la codiciada meta del cumplimiento de casi todo lo que hasta hoy no se ha cumplido jamás, como por ejemplo, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda.

Well done, boys!.